Derechos Humanos: Uso y Abuso, Hoy.

Derechos Humanos: Uso y Abuso, Hoy.
Print Friendly, PDF & Email

El uso.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, con el objeto de establecer un foro para el diálogo mundial, al que pudieran llevarse los conflictos entre los países que pueblan nuestro planeta, renunciando así a la violencia como medio para solucionarlos. La necesidad de que los problemas entre los Estados se resuelvan de manera pacífica, con la colaboración de todos, surge de que las consecuencias de las guerras, tarde o temprano, alcanzan todos los rincones del planeta. Es la constatación definitiva de que la humanidad se volvió independiente.  Hoy se habla de globalización, para aludir a esa interdependencia entre todos los seres humanos.

Las grandes guerras que presenció la humanidad durante el Siglo XX, se iniciaron por conflictos entre países individuales o alianzas de éstos, pero terminaron involucrando progresivamente a todo el planeta. Quedó demostrado que los conflictos afectan en cadena a toda la humanidad, por lo que sus consecuencias dejaron de ser un asunto entre Estados, para convertirse en un tema de interés planetario. Además, la guerra moderna considera el uso de medios masivos de destrucción, que tienen disponibles muchos países. El conflicto fácilmente afecta al mundo, nadie queda libre, ni fuera de alcance.

A lo anterior se sumó en 1945 el horror por la evidencia de extensas matanzas de millones de seres humanos, en su mayoría civiles inocentes no beligerantes, fruto de la aplicación de políticas de algunos gobiernos nacionales, empapados de ideologías que legitimaron el crimen; ejemplos, el nazismo y el comunismo, Hitler y Stalin. Sus gobiernos quitaron la vida masivamente tanto a sus propios nacionales como a los de otros países, a pretexto de imponer su dominio y su doctrina política por la fuerza, dentro y fuera de sus fronteras. El fanatismo ideológico ha sido, y lamentablemente hoy sigue siendo, un intento de eliminar la libertad y la diversidad natural de la persona humana, en un empeño de convertir a todas las personas en clones o robots, obligados a actuar y pensar igual que los dirigentes, e incluso a rendirles culto. Esta auténtica esclavitud priva a la persona de todos sus Derechos Humanos, de su dignidad, y la anula, convirtiéndola poco a poco en una “unidad” numerada. Aun cuando se la muestre como normal.

Pero aún no logran imponer su esclavitud ideológica, a pesar de que por años mantengan pueblos enteros sometidos a la nueva clase dirigente, una elite privilegiada, millonarios enriquecidos en el poder, que predican, pero no practican. Ejemplos vivos tenemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, por citar los de América. Pero los hay y los ha habido por todo el planeta (ej., el genocidio de Camboya).

Por lo anterior, al fundar Naciones Unidas, sus organizadores vieron que no se trataba exclusivamente de solucionar pacíficamente problemas entre países. Para mantener la paz mundial era necesario, además, garantizar los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción alguna, y deslegitimar expresamente la imposición por la fuerza de ideologías alienantes. Ello desembocó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Organización de las Naciones Unidas en 1948.

Mucho antes, la Constitución chilena de 1833, promulgada más de un siglo antes del término de la Segunda Guerra Mundial, ya tenía un capítulo que garantizaba los derechos de “todos los habitantes de la República” (art.10, Constitución de 1833), ampliado por la Constitución de 1925. Se menciona entre ellos, la igualdad, la libertad, sea de opinión, de culto, de reunión, de asociación, de petición, la igual repartición de los impuestos, la propiedad, la inviolabilidad del hogar, la protección del trabajo, el debido proceso (arts. 11 al 20).

La Constitución de 1980, cuyo texto actual fue aprobado por el legislativo el año 2006, y firmado por el Presidente Lagos, hoy está vigente e incluye también en su artículo 19 (Capítulo III) lo que denomina “Derechos y Deberes Constitucionales”. Menciona el derecho a la vida, la igualdad, el debido proceso, el respeto a la vida privada y a la honra, la inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones, la libertad de conciencia, la libertad personal y seguridad individual, la protección de la salud y del medio ambiente, el derecho a la educación, libertad de enseñanza, de opinión e información, de reunión, de petición, de asociación, la libertad de trabajo, etc.

Chile ha adherido además a tratados internacionales sobre Derechos Humanos que incluyen extensas declaraciones. Porque la Constitución y los tratados enumeran muchos derechos, pero ellos no existen más allá del papel si no se materializan en la vida diaria de todos.

Numerosos países se han declarado “democráticos” o se llaman “república”, tienen Constitución y lo demás, pero sus gobernantes lo dejan solo en palabras y grandes declaraciones formales, no lo respetan efectivamente.

Los gobernadores de las antiguas colonias americanas de España, al recibir las órdenes del rey, las proclamaban, y luego agregaban con mucha solemnidad, “se acata, pero no se cumple”. Esta forma es la que se usa hoy para perpetuar dictaduras que imponen a sus ciudadanos por la fuerza una ideología única. Prohíben discutir el discurso oficial, violando así los Derechos Humanos (la libertad de pensamiento, de opinión, y de prensa). Así se vive hoy en Cuba, Venezuela, y Nicaragua, donde se han instalado dinastías de gobernantes dictatoriales, que se mantienen con parodias de elecciones para satisfacer a la complaciente burocracia internacional que los recibe y legitima, no obstante que persigan cruelmente la disidencia en sus países, violando sus derechos fundamentales.

En Chile, entre 1970 y 1973, se desarrolló un fenómeno similar, en que las libertades y derechos figuraban en la Constitución de 1925 y en la ley, pero eran burlados y desconocidos de hecho, deformándolos por medio de los llamados “resquicios legales”.

Después de 1945, en la parte oriental de Alemania ocupada por el ejército de Stalin, se instaló por la fuerza una dictadura comunista, que duró hasta la caída del muro de Berlín. Lo mismo ocurrió en Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Bulgaria, Albania, en Camboya, Vietnam, Corea del Norte, etc.

 No obstante, las declaraciones de constituciones y tratados, aunque exista evidencia de que no se aplican de hecho, complacen a los bien pagados miembros de la burocracia de los organismos internacionales, que cierran los ojos antes esas evidencias, pero ofician como severos críticos de cualquier violación de derechos por gobiernos nacionales que no son afines a sus ideologías y tendencias.

A nivel planetario existe una verdadera inundación normativa sobre derechos humanos, un tsunami de leyes, tratados, tribunales y normas. Porque justifican la existencia de esa burocracia política internacional privilegiada, que paradojalmente es la que las produce.

Es corriente la ¿ingenua? creencia de que basta escribir algo, para que exista y sea realidad. Porque hay un divorcio total entre la teoría escrita, y la vida real de los ciudadanos. Este escandaloso contraste defrauda naturalmente las expectativas de los pueblos. La contagiosa “legislorrea” es presentada como la solución universal para saciar –se supone por arte de magia– las carencias de seguridad, de trabajo bien remunerado, de salud, de transporte, de educación, y demás problemas sociales existentes. Los burócratas confunden la academia con la realidad. Porque una solución real no se legisla, se construye con trabajo y tiempo.

Porque las leyes no son más que palabras escritas, no son fórmulas mágicas, no crean nada por sí solas, ni satisfacen las necesidades. Solo son órdenes, instrucciones, descripción de conductas deseadas que es preciso materializar para que tengan efecto.

Lo saben los legisladores y los académicos, pero como no tienen nada más que ofrecer al pueblo, se justifican anunciándolas por los medios, como la solución definitiva a todos los problemas. Entonces van de discurso en discurso, de entrevista en entrevista, pero nada cambia. Porque las soluciones son realidades que alguien debe construir, y eso no lo asumen los legisladores. Estos confunden el qué con el cómo, la resolución con su ejecución. Así pueden culpar a otro. mientras hablan y critican severamente, las cosas siguen igual, la gente es engañada y pierde la paciencia.

¿Dónde quedan los derechos de las personas?. Solo en los textos, manipulados por hábiles dirigentes políticos, que convencen a sus seguidores de que siempre el responsable de que no se concreten en la vida diaria, es otro. Para que sigan votando por ellos. El engaño da lugar al abuso.

El abuso.

Por definición los Derechos Humanos son reconocidos a todos los seres humanos, sin excepción alguna. Así se lee en la Declaración de Naciones Unidas de 1948. No discrimina a nadie, se refiere a “seres humanos”, sin otra calificación.  Ello parece obvio, pero la dialéctica se ha encargado de torcer este sano ideal, favoreciendo ideologías políticas.

Con juegos de palabras y de conceptos, con argumentos (que los hay para todo), han transformado en la práctica los Derechos Humanos en garantías de uso exclusivo de quienes adhieren a una posición política determinada. Se sostiene ya abiertamente que existen solo para algunos seres humanos, ignorando -como si no existieran- al resto, especialmente a quienes piensen o actúen distinto, o sean servidores públicos.  Como si la libertad de opinión, de pensamiento, de trabajo, la libertad pura, y otros derechos humanos, pudieran otorgarse o negarse a algunos seres humanos, según si adhieren o no a determinada ideología o postura política.

Esta es una deformación intencionalmente creada, una falsedad (la peor, una mentira a medias), porque contradice el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y es, por tanto, ilegítima. En efecto, la esencia misma de los Derechos Humanos es la igualdad ante el Derecho, y ésta es lo contrario de la discriminación. La primera finalidad de esa Declaración fue precisamente, terminar con toda discriminación. Pero paradojalmente se está usando hoy en día para discriminar, favoreciendo a algunos en perjuicio de otros. Porque es una poderosa herramienta de poder político.

Un ejemplo real y concreto de este abuso se ha dado en la justicia chilena. “A los exmilitares chilenos se les juzga por el sistema penal antiguo, en que prevalece para condenarlos la prueba de presunciones, testigos febles que declaran sobre hechos ocurridos hace 40 años ante un actuario y por escrito, lo que luego el juez lee, con lo cual se dictan en muchos casos condenas injustas y sin ningún estándar mínimo de veracidad” (Sergio Urrejola, ex presidente del Colegio de Abogados, en carta a El Mercurio).

Y continúa: … ”en el sistema (procesal penal) nuevo las presunciones no se aplican, a los testigos los declaran insuficientes, y los estándares de prueba son rigurosísimos”. “Si con los mismos estándares se juzgara a los militares, marinos, aviadores y carabineros en el sistema nuevo, muchos de ellos estarían libres por falta de prueba.” “Ahora bien, en los casos en que no hay militares, no hay mapuches, no hay encapuchados, no hay políticos de un solo lado, la justicia penal existe y funciona…” Muchas pruebas acogidas como válidas en el sistema penal antiguo no lo serían en el nuevo, lo que fue una de las razones invocadas por el legislador para cambiarlo (se consideró atentatorio al derecho humano al debido proceso).

Pero lo que colmó toda medida fueron las condenas por “secuestro permanente”, un delito inexistente, desde que es un hecho evidente que una persona detenida-desaparecida no permanece actualmente secuestrada después de 40 años, menos si el acusado está en la cárcel. Algunos jueces de los más altos tribunales así lo afirmaron, pero igual las condenas se han mantenido. Las autoridades lo ignoraron. Adicionalmente se han aplicado en materia penal leyes y tratados con efecto retroactivo (lo que es rechazado unánimemente por la doctrina penal internacional e incluso está en la Constitución), y también se ha aplicado la discutible “imprescriptibilidad” exclusivamente para los juicios en que se acusa a militares.

Ningún tratado internacional es legítimo si viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo tratos discriminatorios, y violando el debido proceso. Estos abusos ilegítimos son evidencia de una desigualdad, discriminación y parcialidad política ajena por completo a una justicia auténtica.

Y todo ello ocurre dentro de un sistema en que los jueces de la Corte Suprema solo pueden ser nombrados con aprobación del Senado, cuerpo legislativo que aprueba exclusivamente a los candidatos que han dictado condenas contra militares, y rechaza candidatos que hubieran dictado alguna resolución absolutoria (ej., el juez Alfredo Pfeiffer, propuesto en varias oportunidades en primer lugar por la Corte Suprema, y reiteradamente rechazado 5 veces por el Senado).

Con tal presión política sobre los jueces que deben fallar esas causas, no puede hablarse de juicios o resoluciones imparciales. La parcialidad se evidencia si se compara lo anterior con el trato legal otorgado a terroristas que cometieron delitos de sangre en Chile, que hoy circulan libres en completa impunidad, tanto en Chile como en el extranjero.

Human Rights Watch señala en El Mercurio: “…todos los reclusos, incluidos los responsables de las más graves atrocidades, merecen un trato justo y digno…”  “Al margen de las consideraciones fácticas y jurídicas de cada caso, la discusión pone de manifiesto valores universales que son fundamentales para la protección y vigencia de los derechos humanos en cualquier sociedad democrática.” Bellas palabras, porque el “todos” lo olvida cuando emite sus informes y hace declaraciones públicas denunciando a unos y omitiendo a otros.

Otra evidencia de discriminación es la cometida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que desconociendo y violando la Declaración Universal de Derechos Humanos, y su propio estatuto –la Ley 20.405–, negó toda asistencia  a una mujer herida de gravedad por manifestantes violentos en Octubre de 2019 en Santiago, sosteniendo que “ tratados internacionales” les “ permite impulsar una acción judicial ‘solo’ en la que los involucrados son agentes del Estado (publicado en El Mercurio, cuerpo C, última página, 24/11/19). La masiva violación de los derechos humanos cometidas por civiles –por lejos la mayor– no merece la atención del INDH (ni de otras entidades “protectoras”). Las víctimas son abandonadas y desprotegidas. Según esta falsa y torcida interpretación (porque la declaración de DDHH de 1948 no distingue), un civil no podría violar los derechos humanos de otro civil, por lo que su delito queda impune según ese tratado internacional. Es irracional, arbitrario, un doble estándar de marcado sesgo político, que contradice frontalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los tribunales y los organismos internacionales guardan hasta ahora completo silencio sobre este caso (pero difunden otros…). A pesar de estar publicado en la prensa.

Existen otras desigualdades y discriminaciones similares, institucionalizadas, toleradas, e incluso aplaudidas, como el Museo de Derechos Humanos de Santiago, que presenta una visión sesgada y parcial de lo ocurrido en Chile durante el gobierno militar, donde no se mencionan, sino se ocultan e ignoran los delitos de sangre cometidos en el país por grupos terroristas armados desde fines de la década de 1960 y durante todo el período de ese gobierno, e incluso después, en democracia (el crimen del senador Jaime Guzmán, el secuestro de Cristián Edwards), y se muestra a sus autores como víctimas, tildando de victimarios exclusivamente a las fuerzas del orden. Para el museo no existieron los grupos terroristas, porque eran marxistas, lo que convierte sus delitos mágicamente en actos “revolucionarios” u “opositores”.

Una elemental imparcialidad obligaba a mostrar todos los delitos cometidos en esa época, sin discriminar según fueran las posiciones políticas de sus autores, sin justificar a unos, y condenar a otros. Porque un museo no es un tribunal.

No hay mención a los atentados de los grupos guerrilleros, a sus asesinatos, a su masiva internación de armas de guerra con el declarado propósito de iniciar una guerra civil, de las cuales muchas alcanzaron a ser usadas en asesinatos.

Para el “museo” no se ha violado ningún derecho humano con tan brutal como insidiosa discriminación y parcialidad.  No interesa a las entidades “de Derechos Humanos” informar o denunciar estas violaciones, porque tendría que reconocer que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyo nombre dicen actuar, no discrimina, y dejarían así en evidencia el fraude del “museo”.

Conclusión.

En conclusión, se ha hecho evidente que la cuestión de los Derechos Humanos ha venido siendo usada (y abusada) como una herramienta más en la lucha por el poder político por una organización internacional que desarrolla actividades en todos los países, y dentro de la burocracia internacional. Esta organización actúa tanto global como localmente, prestando asistencia de carácter operativo, financiamiento, planificación estratégica y táctica, apoyo de información, difusión, e inteligencia.

El desarrollo tecnológico permite en la actualidad desarrollar actividades subversivas por medios remotos desde países lejanos, apoyar las comunicaciones, y desarrollar la guerra sicológica, cuyos objetivos son provocar confusión, desinformar, y causar temor masivo. Es la forma de destruir la moral de un pueblo, y la de sus eventuales defensores, convenciendo a todos que es inútil cualquier oposición o enfrentamiento, que el único camino es aceptar lo que venga, rendirse anticipadamente a los dictados de la nueva clase, la de los “dirigentes”.

El objetivo estratégico son las instituciones que ejercen el poder democrático, especialmente el poder ejecutivo, porque controla el uso de la fuerza. Por eso los ataques se dirigen en primer lugar al presidente y sus Ministros, al Ejército y a Carabineros, todos estructuras que sustentan la democracia. Como no pueden controlarlas por vías democráticas, intentan destruirlas, y no siendo posible por la fuerza, se usan en contra de ellas las acusaciones de represión, violencia “excesiva” o “innecesaria”, y por cierto abusos a los derechos humanos.

Denunciantes nunca faltan, cualquier detenido puede declararse víctima. Así destruyen su imagen, su moral, se las muestra como enemigos del pueblo, creando odios, resentimientos y antagonismo. Porque la fuerza pública, al cumplir su deber y misión de mantener o reponer el orden, no puede dejar de usar la fuerza para encauzar la conducta de los díscolos que cometen infracciones a las normas de convivencia civilizada. Cabe recordar que el cumplimiento del deber por la autoridad es por ley vigente una eximente de responsabilidad penal (art. 10 N°10 del Código Penal). De esto hoy nadie se acuerda. Menos los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que lejos de amparar los derechos humanos de todos los habitantes del país -la inmensa mayoría que se queda en su casa-, presta su apoyo a los manifestantes violentos que transgreden la ley, agreden a los transeúntes, incendian y saquean los bienes privados y los de la comunidad, y en virtud de simples denuncias no comprobadas por sentencias previo el debido proceso, ignorando la presunción de inocencia. Así, son los propios organismos de “derechos humanos” quienes irónicamente los terminan violando, con su ceguera autoimpuesta.

Al poner a las instituciones que resguardan el orden público en el banquillo de los acusados y como victimarios, además se cubre con una cortina de humo –se ocultan y encubren- las masivas violaciones de derechos humanos cometidas por civiles, que como se dijo, es por lejos la mayor. Y son los organismos de “derechos humanos” los que así resultan siendo encubridores de la violación masiva de esos derechos.

La violencia de los encapuchados y violentistas se ejerce con la técnica de la guerrilla: ataques sorpresivos, rápidos, muy violentos (asustan y desconciertan), en varios lugares simultáneamente para dividir las fuerzas del orden, procurando arrastrar e involucrar a la mayor cantidad de personas “pacíficas” (mirones, civiles de buena fe, manipulados y usados para esconder y encubrir a los combatientes y presentar la imagen de protesta legítima), para mezclarse entremedio, y usarlos como escudos (mejor si son heridos, serán mártires inocentes). Terminada la acción, los combatientes se dispersan, se desencapuchan, se cambian ropa, y regresan a sus domicilios como “civiles pacíficos”, en modernos vehículos, dejados a varias cuadras. Y al final del día cobran su paga.

Nuevamente, habrá una muralla dialéctica de argumentos previa y cuidadosamente pensados y elaborados, con los que ciertamente responden de inmediato las organizaciones de “derechos humanos”, tal como lo hizo el INDH, según se relata en El Mercurio (ver más arriba). Con ello intentan justificar su impresentable parcialidad y su inconsistencia.

Siempre hay y existirán argumentos para todo. Incluso para tapar el sol con un dedo. Pero la evidencia del abuso de los Derechos Humanos que muestra la reiterada evidencia de una masiva discriminación es abrumadora. La fuerza del orden es acusada sin excepción, y los civiles violentos que atropellan masivamente los derechos humanos del resto de la población, jamás figuran en los informes o en las denuncias.

Esto es otorgar impunidad a algunos, es complicidad pasiva, o encubrimiento en favor de los autores de agresiones, saqueos e incendios. ¿Es que con sus acciones no han violado ningún derecho humano? La evidencia muestra lo contrario. ¿Los civiles gozan de impunidad solo porque no integran las fuerzas del orden? ¿Dónde aparece esta “clasificación” en la Declaración Universal de 1948, que condena a unos y exime de responsabilidad a otros? No existe tal “clasificación”, ni podría existir sin atropellar la esencial igualdad de todos los seres humanos que proclama la ONU.

En “El Mercurio” del 6 de diciembre de 2019 Lucía Santa Cruz pregunta si debemos creer “a los dirigentes comunistas que afirman que no hay nada espontáneo en los actos terroristas al metro, en las manifestaciones, devastación de ciudades, ataques incendiarios, saqueos, destrucción, pues se trata de una insurrección organizada, dirigida por la Mesa de Unidad Nacional para derrocar al gobierno legítimamente elegido e instaurar un régimen como en Venezuela o Cuba.” Y agrega otra pregunta: “ ¿Estamos tratando una enfermedad grave con mera homeopatía?” Le respondo: si se hubiera tratado con homeopatía (o sea con la misma enfermedad), la enfermedad de marras habría terminado hace semanas. No ha existido homeopatía, sino desacierto.

En el mismo diario, edición del 7 de diciembre de 2019, Cuerpo C pag.4, se reproducen declaraciones de Florencia Lagos, ex agregada cultural de Bachelet en Cuba, hija del ex Secretario General del Partido Comunista Juan Andrés Lagos y de la ex rectora de la Universidad Arcis. Se informa que en 2018 el régimen cubano (a través de “Granma”) la presentaba como “miembro de la Comisión Internacional del Partido Comunista de Chile”. Dijo: “…no es real que no estamos organizados o que esto es una manifestación espontánea. Eso no es verdad, sí estamos organizados, somos más de cien movimientos sociales articulados en una mesa que se llama la Mesa de Unidad Social, que tiene dirigentes…”  Luego señaló que “el comandante Chávez decía que la mejor defensa es la unidad y la ofensiva”.

En la misma edición del “Mercurio” del 7 de diciembre de 2019, Cuerpo C, pag.12, el columnista Francisco Covarrubias dice: “…y Tellier llamaba a Piñera a convocar elecciones. Sería el inicio de un conjunto de hechos con olor a golpe de Estado en los que las huellas del PC aparecen por todas partes. Y que ahora las vemos en la llamada “Mesa de Unidad Nacional”.

La prensa está reflejando, pues, hechos que no han sido desmentidos, y que muestran finalmente quién está detrás, y cual es el objetivo. Todos saben que el Partido Comunista es una red internacional de cobertura mundial, que presta apoyo a las actividades de los Partidos locales y a sus miembros. Que hay centros de entrenamiento de guerrilleros en los países que gobiernan. Que tienen medios financieros, logísticos y operativos de alto nivel profesional, y tecnología de punta, y un servicio de inteligencia de los mejores. Lo que emprenden, lo hacen muy bien. Está comprobado. No hay peor error estratégico que ignorar la capacidad del adversario.

Algunos advirtieron hace décadas las huellas del Partido Comunista en la Araucanía, al observar el uso de tácticas de guerrilla profesional, que evidenciaban un entrenamiento previo realizado en o desde el extranjero, y un considerable apoyo político y financiero. El gobierno de Colombia envió fotografías y documentos. Asimismo, cada vez que había algún detenido, aparecían comunistas prestando o proporcionando apoyo material y legal, y la presencia de sus parlamentarios. Las huellas estaban por todos lados, pero la respuesta fue burlas, ironías y descalificaciones. Los sabelotodo, soberbios, como siempre. Los anuncios del diluvio que viene fueron desechados, hasta ahora, en que ya tienen los pies en el agua.

Desde ahora nadie podrá alegar ignorancia. Los medios de comunicación están llenos de advertencias. El PC rechaza todos los acuerdos, espera la rendición incondicional. Hay que decidir si queremos esperar el tsunami en la playa, para verlo venir, antes que pase sobre nosotros. O subir a las alturas, para sobrevivir.

Rodrigo de Triana.